Escenarios diferentes entre estructuras y coyunturas

Establecer conjuntos de informaciones y de datos diversos relacionados con las llamadas “realidades nacionales”, donde se conjugan tiempos diferentes con diversas orientaciones gnoseológicas a fin de establecer coyunturas de un país como el ecuatoriano, podría significar un atrevimiento, pero se debe intentar anotar datos a fin de contribuir algún conocimiento de Ecuador.

El Frente Unitario de Trabajadores que reúne a todas las centrales sindicales en Ecuador, anuncia para el 21 de septiembre de este año, una marcha de sus asociados en Quito, Guayaquil y Cuenca, que son las principales ciudades donde tienen influencias estas centrales sindicales, para protestar contra el gobierno y defender al IESS Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y cuestionar el actual nivel de inseguridad ciudadana, como por la mala prestación de todos los servicios públicos.

La marcha comenzará a las 4 de la tarde y terminará a las 8 de la noche en la Plaza Santo Domingo, y la gran prensa nacional como siempre les dará cobertura noticiosa, criticando a los infiltrados que agreden a la policía y por destruir los bienes públicos.

En Guayaquil la marcha será poca en asistencia de personas, si la comparamos al número que concurrirá a las de Quito y Cuenca, iniciándose en la Plaza del Centenario, recorriendo la calle 9 de octubre hasta el malecón del río Guayas en el monumento a San Martín y Bolívar.

Mientras, en la ciudad de Cuenca la marcha termina frente el edificio de la gobernación de la provincia de Azuay, a la cual se le lanzarán piedras por parte de un sector de jóvenes exaltados.

Mientras tanto, el gobierno nacional convocará a una reunión posterior al edificio del gobierno en Quito, a los dirigentes del sector obrero para prometerles lo que nunca les cumplirá.

Pero, ¿qué nos indican estas realidades anotadas?.

Que las instalaciones industriales en Quito son más grandes y por lo tanto tienen más obreros que en las otras dos ciudades reseñadas, con un sindicalismo más desarrollado, y sumado al grueso de la burocracia nacional, cantonal y provincial en la provincia de Pichincha, sus empleados y trabajadores se suman en mayor número a las marchas convocadas.

Mientras que, en la ciudad de Guayaquil la burocracia es menor y temerosa a ser separada de sus cargos por parte de los gobiernos y, además, hay problemas de transporte para retornar a los suburbios.

También se debe anotar la marcha nacional de los maestros jubilados, solicitando de les pague los “incentivos jubilares” por parte del Ministerio de Finanzas, amenazando con reclamar mediante las “huelgas de hambre” en todas las provincias si no se les cancela lo adeudado, ante lo cual la Unión Nacional de Educadores estará vigilante de la respuesta del Ministerio de Educación prometiendo a pagar 38,5 millones en septiembre y 35,5 en diciembre cumpliendo los 140 millones presupuestado para este año, pues ya se habían entregado a los jubilados en enero 29,5 millones y 41,5 millones en junio del presente año.

Otro tema importante que gravita en estos momentos es “el diálogo entre el gobierno nacional y el movimiento indígena” mediante diez mesas mediadas por la conferencia episcopal ecuatoriana con representantes de unos 10 ministros del gobierno con delegados de las tres agrupaciones que llevaron a un paro nacional indígena principalmente, con un plazo de 90 días para entregar acuerdos en las 10 mesas de trabajo instaladas, informándose que si hay avances positivos como informa la gran prensa nacional por un lado y con declaraciones del principal dirigente de la CONAIE el Ing. Leonidas Iza quien se queja del no avance en las mesas de trabajo, lo que implicaría un nuevo alzamiento indígena, con la toma de ciudades en las tres regiones.

 Y hay más acontecimientos generados por parte del gobierno nacional al entregar al “Tribunal Constitucional” ocho preguntas para una consulta ciudadana a fin de ser aprobadas o rechazadas y la población acuda a votarlas, lo cual ha centrado la atención de buena parte de la población al preguntársele:

Que se permita la extradición de narcos para enviarlos a los EE UU, metiéndoles miedo a esta delincuencia, pero esta resolución puede ser usada contra adversarios políticos para los que tengan el poder político; reducción del número de asambleístas perjudicando a la región costa al asignar un puesto por provincias al tener la Costa, menos número de provincias que la Sierra junto al Oriente; reducción de partidos y movimientos políticos para que el Consejo Nacional Electoral elimine y queden los aceptados; apoyo a las fuerzas armadas para lograr seguridad ciudadana sin requerir decretos de estados de emergencia y utilizar permanentemente las fuerzas armadas, con el peligro de formarse poco a poco un “Estado Nazi”; privar a la participación ciudadana la designación de autoridades y devolvérsela a la asamblea, ante lo cual “la fiscalía” propondrá la creación de control especial de esa institución para no ser evaluada su accionar por nadie; apoyo a los que cuidan el medio ambiente retribuyéndoles, y con esta consulta el ejecutivo será un ente distractor de la atención ciudadana y por último indica el ejecutivo que presentarían otras preguntas más si lo requiere el gobierno.

Se debe anotar el escenario relacionado a que la “tasa de delitos sigue aumentando y se presenta hoy en todo el territorio nacional tanto en las ciudades como en el campo”, como lo informan los medios de comunicación, causando “temor y terror” a toda la población, a lo cual se le suma, un alza del “proceso inflacionario que hace aumentar la pobreza” de la población, donde los índices de desocupación según el INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y CENSO se mantienen estáticos y aumentan, con el agravante mayor por el “no mejoramiento de los servicios públicos en áreas de la salud y educación”, <<produciendo un estado psicosocial de inmovilismo poblacional generalizado con la excepción del movimiento indígena>>.

Pero se debe anotar que para el 20 de septiembre con la inscripción de candidatos a prefectos, alcaldes, concejales, concejales rurales y miembros de las juntas parroquiales, entramos a la “gran campaña electoral”, donde los interesados en captar la administración seccional se propondrán convencer a la ciudadanía para ganar las elecciones intermedias y esto traerá publicidad y propaganda en todo el territorio nacional, siendo época de fiestas políticas con reuniones familiares, barriales, mítines, con marchas motorizadas, que deberían según el Código de la Democracia durar un mes, pero ya entramos en campaña política electoral.

El individuo, las familias, las instituciones, la sociedad entera estarán impactadas por factores vivenciales contradictorios, donde la influencia comunicacional malévola lo “cosifique” o acción contestataria.