SOCIOLOGÍA JURÍDICA Y DEL DERECHO: El Caso Ecuador

A la altura de estos tiempos ante los acontecimientospolítico judiciales recientes se hace necesario una mirada multifocal en lo sepuede llamar “El Caso Ecuador” sin caer en la visión suprema del científico social totalitario que asume la posición de creerse infalible a tal punto que se auto considera ser los “Ojos de Dios” como ya se lo ha definido en la “Sociología Estadounidense”, pero sí se debe y se puede aportar con aclaraciones en este estudio de caso:

Se dice al referirse al sistema judicial ecuatoriano“La Justicia” tanto a la comunicación privada y la pública en los medios de comunicación, dándole un valor de superioridad a los empleados y funcionarios del sistema judicial ecuatoriano, lo cual significa una neutralidad juzgadora y sancionadora superior, cuando en realidad todos ellos no son “La Justicia”, sino simples tramitadores en los procesos judiciales, y en especial en los actuales casos de represión política por parte del “poder actual”, porque el acusado ante el público general se ve en una situación de desventaja.

La Judicatura en Ecuador ejerce una presión política en casos donde el “Poder Ejecutivo Central” lleva adelante lo que se llama “lucha contra la corrupción” con el fin de sentenciar al o los inculpados sean o no inocentes de manera individual o grupal, porque si no acepta la influencia de la judicatura, será sancionado con la suspensión perdiendo la llamada “carrera judicial”, a lo cual se le suma la influencia de los medios de comunicación social de prensa escrita, televisiva y radial, que al unísono declaran culpable al acusado/a a tal punto que fiscales y jueces con temor a la sanción de la “Opinión Publica” monopolizada junto a la amenaza o sanción de la judicatura le impiden actuar en derecho.

El trastrocamiento del llamado “Debido Proceso” que en muchos países invalida los juicios e incluso las sentencias, no se cumple en Ecuador, a pesar de constar en las leyes nuestras como garantía del debido orden a seguir en los procesos  para darle legalidad a los juicios, en especial cuando se trata de asuntos llevados punitivamente por el “Poder actual”, a tal punto que en varias declaraciones públicas con el gabinete ministerial reunidos se pide aceleración y sanción a los casos presentados en la llamada “Lucha Contra la Corrupción” e incluso el mismo “Contralor General del Estado” pide en rueda de prensa se sancione rápidamente los casos presentados por dicha institución pública.

Se ha perdido el principio jurídico de la “Libertad” reemplazándolo por el criterio supremo de “prisión” ante los procesos judiciales de índole político, a pesar de existir decisiones “Alternativas” a discreción del juzgador quien decide de manera apriorística tomar esta medida extrema, “a tal punto que en Ecuador primero se ordena prisión y luego se investiga”, lo cual conlleva a la indefección del acusado porque la fiscalía asume superioridad jurídica en los juicios penales en los casos de índole política por la presión del ejecutivo, al decidir ellos el criterio de “Culpabilidad” porque tienen “El Poder” ayudado por la prensa grande, pues el principio de“Inocencia” no es tomado en cuenta por todos los funcionarios del sistema penal ecuatoriano en estos momentos.

No se está aplicando el principio jurídico del “induvio pro reo”, sino todo lo contrario, pues en los casos jurídicos políticos se ordena “prisión preventiva” argumentando el principio de “igualdad ante la ley” para apelar ante el público que el juzgador es neutral, cuando hay realidades factuales que indican la diferencia personales relacionadas conedad, estado de salud y posiciones jurídicas especificas meritorias de controldiferente.

Para lo cual enumero tres ejemplos:

Un tal Consensuao Santos acusa al Ing. Jorge Glas Espinel de actos de corrupción y en el juicio la fiscalía no acusa al empleadode la empresa Odebrech y el vicepresidente es sentenciado usando un CódigoPenal derogado y no vigente, a fin de sacarlo a la función pública elegida por el pueblo mediante el voto ciudadano y hasta el momento no hay prueba que indique el recibimiento de dinero por parte de la empresa brasilera o complicidad alguna.

Un individuo de apellido Balda acusa al ex presidente Rafael Correa Delgado de haber ordenado secuestrado en Colombia basándose en declaraciones de dos personas en el cual una de ella se declara culpable en un primer momento y luego dice que es inocente y se dicta orden de detención internacional contra el ex presidente, la misma hasta este momento no ha sido acogida por la Interpol, pues este juicio tiene las características de ser politizado y junto a otros 16 juicios penales con acusación de la Contraloría General del Estado por mal manejo de la administración pública.

“Una visita humanitaria” realizada por la Asambleísta Sofía Espín Reyes a una detenida en un centro de detención provisional en el caso “Balda” es usada por la prensa grande como un acto punible y secundada por acusaciones del partido CREO del banquero Guillermo Lasso apoyada políticamente por intermedio de Twitter ejerce influencia el presidente Lenin Moreno consigue separarla de la Asamblea Nacional en un acto político injurídico, porque ella había expresado en sesión del pleno que “el pueblo no votó por la política que estaba llevando el gobierno actual”, y rechazó públicamente la “represión judicial contra los funcionarios del gobierno anterior”, lo cual no es perdonado por el “poder absoluto” actual en Ecuador.

Escenarios en los cuales la influencia política sobreel Sistema Judicial trastoca el “orden social global” llevándolo a unasituación de “caos total” explicado por la sociología estructural funcionalistacuando indica que <“El Cambio en una Estructura de un Sistema, trae Cambios en las otras Estructuras e influye en el Sistema total”>. Porque salir del “Modelo Progresista” en Ecuador para implantar el “Modelo Neoliberal” implica la ruptura de la institucionalidad alcanzada en 10 años del gobierno del Ec. Rafael Correa Delgado, creando hoy un sistema judicial de la “Injusticia”, y estos acontecimientos se están dando en muchos países de América Latina denominándose “LawFare”.